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El futuro del lobo ibérico (Canis lupus signatus) hoy es más claro que nunca: desde el 22 de septiembre, su caza en cualquier comunidad autónoma se considera un delito penal.
La subespecie de lobo ahora pertenece al Listado de Especies en Régimen de Protección Especial (LESPRE), una categoría que prohíbe su caza en toda España en aras de proteger a la especie y su importancia en el ecosistema.
Hasta ahora, la protección del lobo era parcial: aunque al sur del Duero la legislación únicamente permitía cazarlo con un permiso especial y bajo condiciones particulares, al norte del río (donde se distribuyen el 98 % de las casi 300 manadas conocidas de la especie) la especie es objeto cinegético desde 1970 y se caza con ciertas reglas, especialmente para evitar daños en la ganadería.
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Según el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, la medida que entró en vigor el 22 de septiembre de 2021 reconoce “la importancia de la especie como patrimonio cultural, científico, así como por los servicios ambientales que produce la presencia de este carnívoro en los ecosistemas”.
A principio del siglo XX, el lobo ibérico habitaba en casi todo el territorio de España; sin embargo, su población disminuyó radicalmente durante las décadas de los 60 y 70, cuando era considerado una especie nociva y era completamente legal matarlo sin distinción de técnicas o temporadas.
En 1970 una ley lo consideró especie cinegética, estableciendo reglas para su caza; sin embargo, la nueva legislación marca el inicio de un camino de conservación que si bien fue recibido con aplausos por organizaciones animalistas y defensoras del medio ambiente, provocó la reacción de sus detractores.
La decisión causó polémica en las comunidades autónomas de Galicia, Cantabria, Asturias y Castilla y León, que concentran a la mayoría de manadas de lobo ibérico en la península y anunciaron una próxima apelación a la nueva ley. La medida también provocó descontento en la industria ganadera, que históricamente se ha asumido como una de las principales afectadas por la presencia del carnívoro en zonas que se dedican al pastoreo.
Además de su protección, el Ministerio deberá acompañar la medida con una nueva estrategia de conservación y gestión de la especie en todo el territorio español, así como actualizar el censo nacional del lobo para comprender de mejor forma el estatus de la especie y sus poblaciones en cada comunidad autónoma.
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