GALERÍA: Perú declara emergencia ambiental el derrame de petróleo provocado por la erupción de Tonga

Al derrame inicial de más de un millón de litros de crudo en la costa central de Perú, se suma un segundo incidente que inició el 25 de enero.

Los efectos de la violenta erupción del volcán en Tonga alcanzaron dimensiones planetarias. Y en la costa peruana, ubicada a más de 10,300 kilómetros al este del Pacífico, provocaron un derrame de petróleo que ya es considerado una emergencia ambiental con consecuencias catastróficas para el ecosistema.

A once días del derrame inicial, un equipo de cientos de brigadistas trabaja a marchas forzadas en las playas de Ventanilla, 30 kilómetros al norte de Lima, para tratar de retirar la mayor cantidad de crudo posible de la playa con una bomba, mangueras, palas y carretillas.

Según el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas, hasta la tarde del 25 de enero los brigadistas (un equipo diverso que incluye personal de Marina de Guerra, el Ejército y empleados subcontratados por la petrolera Repsol) habían retirado apenas unos 4,000 litros del millón de que se estima, fueron vertidos en la costa central de Perú durante el derrame de petróleo.

Según la petrolera, el oleaje de la erupción del volcán en Tonga coincidió con el proceso de descarga del buque italiano ‘Mare Dorium’, provocando el derrame de 6,000 barriles de crudo en un área de aproximadamente 18,000 metros cuadrados de playa, que se ha extendido con el paso de los días hasta alcanzar un radio de 40 kilómetros alrededor de la refinería La Pampilla, propiedad de la petrolera española Repsol.

El 22 de enero, el gobierno peruano declaró emergencia ambiental por los próximos 90 días en la zona, mientras el Ministerio del Ambiente se refirió al derrame de petróleo como “un evento súbito y de impacto significativo sobre el ecosistema marino costero de alta diversidad biológica» así como «un alto riesgo para la salud pública».

A pesar de que Perú exigió a la petrolera resarcir los daños provocados por el derrame, la primera respuesta de Repsol consistió en deslindarse de la responsabilidad del incidente, argumentando que las autoridades marítimas nacionales no emitieron alerta alguna sobre un aumento en el oleaje tras la erupción.

Las imágenes de cientos de aves marinas muertas cubiertas por crudo confirman la magnitud del desastre ambiental provocado por el derrame de petróleo, que según cifras del Ministerio del Ambiente, ha alcanzado 174 hectáreas en la playa y 118 más de superficie en el mar. Una de las principales preocupaciones de ambientalistas es que el incidente alcance la Reserva Nacional del Sistema de Islas, Islotes y Puntas Guaneras, Islotes de Pescadores y la Zona Reservada Ancón, dos áreas naturales protegidas por su biodiversidad.

La situación empeoró la mañana del 26 de enero, cuando el Ministerio del Ambiente informó de una segunda fuga de crudo provocada durante los trabajos de reparación de un ducto submarino de la misma refinería. Un día antes, la petrolera había negado la existencia de un segundo incidente, calificando la información preliminar de noticias falsas.

Sin embargo, un sobrevuelo de la Marina de Guerra descubrió una segunda «mancha oleosa» en las inmediaciones del ducto, evidencia que llevó a la empresa a afirmar que el petróleo “​​se había filtrado a pesar de haber realizado los trabajos para retirar el crudo, previamente a la ejecución de la inspección y reparación”.

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