Amor fatal

Cada vez son más las mujeres asesinadas en Nicaragua, la mayoría en manos de sus cónyuges, exparejas o familiares.

Hace una semana, las mujeres salieron a las calles en Nicaragua para exigir al presidente Daniel Ortega que decrete una «alerta roja» ante el aumento de los feminicidios en el país, y que las instituciones del gobierno hagan cumplir a cabalidad una ley aprobada hace dos años para penalizar la violencia intrafamiliar.

La manifestación frente al aeropuerto internacional de Managua fue la primera de una jornada de protestas convocada por organizaciones de mujeres en distintas ciudades para llamar la atención de lo que consideran más que un flagelo: un problema de salud pública que parece extenderse como una pandemia.

«Así como no duda en declarar ‘alerta roja’ cuando ocurren terremotos o una epidemia de dengue, el gobierno debe decretar una emergencia ante los altos niveles de violencia intrafamiliar», dice Martha Munguía, directora del organismo no gubernamental Acción Ya, que administra albergues para mujeres en situación de riesgo.

Según las últimas cifras de organizaciones feministas, hasta el pasado 22 de junio habían sido asesinadas 44 mujeres, ocho casos más que los reportados en 2013 y 10 más que en todo el año 2012.

Aunque la Policía maneja un subregistro de víctimas, todos coinciden en que la gran mayoría murió a manos de sus cónyuges, exparejas o parientes cercanos, todos ellos hombres. Y un alto porcentaje de ellas encontró la muerte dentro de su propia casa.

«Detrás de estos datos hay una mujer que no murió por accidente, sino que fue asesinada porque alguien la consideró de su pertenencia. En estas frías estadísticas hay mujeres que ya no están, niños y niñas que perdieron a sus madres», advierte en su último boletín la organización internacional Católicas por el Derecho a Decidir (CDD), filial Nicaragua.

CDD incluye entre las víctimas a cuatro mujeres nicaragüenses asesinadas fuera del país en lo que va del año.

El gobierno y diferentes instancias de orden público han admitido que estos crímenes van en aumento, si bien la Ley 779, vigente desde hace dos años, establece penas severas de prisión para los agresores de mujeres, quienes contrario a lo previsto parecen desafiar a la justicia.

De acuerdo con voces feministas, una de las causas de ese desafío puede encontrarse en una polémica reforma a la Ley 779, promovida por la Iglesia y el oficialismo en el Parlamento en septiembre pasado, que autoriza un trámite de mediación entre la víctima y su atacante.

«Varios de los feminicidios ocurridos este año tuvieron como antecedente un trámite de mediación», comenta Reyna Rodríguez, enlace nacional de la RMCV. Esa reforma, a su juicio, «ha significado la muerte para las mujeres, porque permite colocarlas nuevamente frente al agresor, y en muchos casos retornar al hogar donde vuelven a quedar expuestas a la violencia».

Las feministas se quejan también de que las Comisarías de la Mujer, oficinas adscritas a la Policía Nacional, no cuentan con presupuesto suficiente ni con personal capacitado para atender a alguien que llega, golpeada o herida, en busca de ayuda. «Algunas oficiales de Policía hasta parecen gozar haciéndonos repetir la historia, piden detalles, son morbosas…», dice una joven maestra que acudió a poner una denuncia de maltrato en un distrito policial del sureste de Managua.

«Hay una complicidad del Estado de Nicaragua, de las instituciones, para negar los derechos humanos de las mujeres, y especialmente el derecho a vivir libre de violencia», afirma Virginia Meneses, dirigente feminista.

Para la abogada Azahálea Solís, del Movimiento Autónomo de Mujeres (MAM, feminista), el Poder Judicial ha mostrado «menosprecio» ante las denuncias de maltrato, agresión o feminicidio, ya que en los tribunales «se falsean las pruebas y se reprograman los juicios», en muchos casos para proteger al agresor.

Según datos extraoficiales, muchos feminicidios quedan en la impunidad, ya que el 40 por ciento de los asesinos han evadido los procesos penales o siguen prófugos de la justicia.

Consultada al respecto, la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Alba Luz Ramos, descartó la posibilidad de decretar un estado de emergencia por los feminicidios. «A nosotros no nos corresponde hacerlo. ¿Alerta roja? Creo que estamos en alerta permanente», argumentó.

La funcionaria judicial sostuvo que la Ley 779 ha sido un instrumento muy efectivo en manos de las mujeres y que el problema de la violencia no se resolverá de inmediato porque el machismo tiene raíces muy profundas de tipo social y cultural.

En el mismo sentido, la comisionada Erlinda Castillo, jefa de las Comisarías de la Mujer, dijo que estas instancias están presentes ya a nivel municipal en casi todo el país, aunque no podrán hacer mucho por las mujeres a corto plazo.

La violencia «no se puede erradicar de la noche a la mañana. Va a llevar su tiempo que los hombres, mujeres, la familia, las comunidades, podamos transformar nuestras formas de relacionarnos», señaló.