Entre los casi 700 mil expedientes históricos que resguarda el Poder Judicial del Estado de México figura el asesinato de Luisa María a manos de su esposo: uxoricidio, antecedente de feminicidio en México.
Sucedió un lunes por la noche. Agustín Ciprián vio a su esposa saliendo de una milpa en el pueblo de Calixtlahuaca, jurisdicción de la actual Toluca. Aparentemente, ella se encontraba en estado de ebriedad, después de haber ido a vender pulque, también “se echó unos tragos con una amiga”. Al llegar a casa, cuando le pregunto qué estaba haciendo ahí, la mujer “no habló palabra”.
En un ataque de cólera, el hombre la abatió “con golpes contusos en la parte noble de la cara” hasta dejarla inconsciente; con los cordones de su huipil, la ahorcó y le quitó vida. Cuando se dio cuenta de lo que había hecho, comenzó a llorar y salió a gritar a los vecinos y a sus voces acudió Martín Diego y su cuñado, quienes lo aprehendieron y lo llevaron al alcalde.
Así relata la causa penal iniciada el 6 de septiembre de 1774, con la denuncia presentada ante el capitán Don Antonio de la Banda y Garcés, corregidor de la ciudad de Toluca, por Manuel Joseph indio ladino del pueblo de Calixtlahuaca, sobre la muerte de su hermana Luisa María.
Se trataba de un juicio por uxoricidio, delito tipificado en la colonia al asesinato de una mujer en manos de su esposo, una acepción del actual feminicidio.
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De acuerdo con Ciprián, Luisa María había ido a vender pulque al pueblo de San Pablo. Al no encontrarla en casa, fue a buscarla y la halló en estado de ebriedad -según declaró- saliendo de una milpa. De acuerdo con Biodiversidad mexicana, corresponde “al sistema agrícola tradicional conformado por un policultivo”, que del náhuatl se traduce literalmente como parcela sembrada.
Encolerizado y en un arranque de celos, el hombre se avalanzó sobre Luisa María y la sometió a golpes. El ataque fue tan severo, que quedó desfigurada del rostro, con claras mallugaduras en el cuerpo. En el suelo, Ciprián la ahorcó con la cuerda de su huipil.
Este expediente con dos siglos y medio de antigüedad e integrado por 57 fojas, forma parte del Archivo Histórico del Poder Judicial del Estado de México, que preserva memoria de la entidad y el país, resguardando registros jurídicos de la Real Audiencia, desde la Colonia.
El caso de Luisa María es muy significativo, pues ilustra sin duda, un delito que hoy se ha tipificado como feminicidio.
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El Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México y del Consejo de la Judicatura, Ricardo Sodi Cuellar, explica que, legalmente, un uxoricidio se definía como al acto de matar a la propia esposa. Este fue uno de los homicidios tipificados en tiempos de la Colonia.
Casos representativos a lo largo de la historia mexiquense, como este, están resguardados por la Coordinación de Archivos del Poder Judicial del Estado de México, que se divide en el archivo de Concentración y el Histórico. En el Expediente de Luisa María se integra el parte médico —a cargo de “maestro examinador en el arte de la cirugía”, quien escribió en ese momento— “había sido ahorcada porque tenía señas de un cordel en la parte extensa del cuello”.
En el acto, Luisa María intentó defenderse de su esposo: las marcas de uñas que se había inflingido a sí misma lo revelaban. A pesar de que había evidencia de que su propio marido la había asesinado, Ciprián decidio defenderse legalmente frente a la Real Audiencia de México, el órgano máximo que veló por la justicia del país en aquel entonces, antecedente del Poder Judicial contemporáneo.
En aquel entonces, se calificó al crimen como uxoricidio, un “terrible delito”. Cada una de las fojas del expediente, cuenta con una caligrafía cuidadosa en tinta ferrogálica. Sodi Cuéllar explica que este tipo de documentos permiten “conocer algo de la personalidad de quien los redactó”, mientras muestra la firma de la autoridad que llevó el juicio de ocho años, mismos que Agustín Ciprián estuvo encarcelado.
Basándose en las leyes de las Siete Partidas, se pensó en imponerle un castigo ejemplar. Condenado a pena de muerte, tendría que salir de la prisión en burro e ir gritando sus delitos públicamente. Después morir decapitado y su cabeza colocada en una pica en el lugar donde se cometió el homicidio. El cuerpo sería arrojado a un río dentro de un baúl -junto con un mono, un perro y una serpiente vivos-.
Era la manera, detalla Sodi Cuellar, en la que se aplicaban sentencias ejemplares a quienes cometían crímenes de odio “que socialmente generaban asombro e indignación”, explica en entrevista exclusiva para National Geographic en Español. Castigos similares como el antes mencionado se siguieron aplicando hasta el siglo XIX.
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El asesinato de Luisa María está relatado en uno de los miles de expedientes que se conservan en este Archivo Histórico; otros documentos con cientos de años, también se resguardan ahí.
El más antiguo, por ejemplo, sobre un problema de una herencia que data de 1586, se trata del caso de “El Indio Jusepe de Santiago como heredero de don Bartolomé de Santiago que se queja de su madrastra, para que le entregue sus bienes”, expediente escrito en nahuatl y español, juicio donde está involucrado un indio principal de Jilotepec por una herencia de tierras, casas, piedras preciosas, plumas, textiles y códices.
Este caso, explica Sodi Cuellar, concluye con una resolución salomónica y un tipo de usufructo vitalicio.
Otro de los documentos aborda la denuncia de una de las pandillas de ladrones más buscadas, quienes robaron su mercancía a un comerciante y los pedazos de tela se preservaron como parte de las pruebas. La riqueza del archivo es tal, que existen ejemplos de la consolidación de un grupo filantrópico para ayudar a los enfermos con cólera, otra pandemia, pero en 1850.
De acuerdo con los especialistas que gestionan el Archivo Histórico, el Poder Judicial del Estado de México hace un esfuerzo de gran embergadura en favor del resguardo de un acervo tan diverso, con material de más de 400 años que sigue en revisión y estudio.
Por una decisión de la Judicatura, se determinó que cualquier registro anterior a 1960 sería considerado histórico. Por ello, fue necesario crear un sistema documental para definir qué se conservaría y cómo.
Aunque los documentos sean muy antiguos, no quiere decir que tengan un valor histórico. Deben dar fe de algún caso o temática en particular, que cristalice una situación social o apele a un problema general más amplio para que sean merecedores de preservarse.
Cada uno de los archivos que se conservan debe ser transcrito, de manera que pueda ser utilizado como referencia histórica y jurídica. Para ello, “se hace una investigación paleográfica anterior”, explica Sodi Cuellar, en la que se examina la caligrafía de cada uno para entender qué dice, de qué forma se explica y qué se quiso expresar en el contexto en el que fue escrito.
El tribunal mexiquense resguarda actualmente cerca de 700 mil expedientes históricos.
Los registros que se conservan no solo están en español, también se escribieron náhautl. “Es posible conocer cómo se escuchaba el náhuatl”, ya que con la transcripción alfabética se registran los fonemas originales de la lengua, explica el magistrado. Originalmente, según documenta el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), el náhuatl era pictográfico, por lo que es difícil sólo con los códices saber cómo se escuchaba.
Por ello, Sodi Cuellar asegura que estos documentos son un claro ejemplo de sincretismo jurídico. Las instituciones que crearon los colonizadores europeos traían consigo la herencia del derecho medieval, que se mezclaron con los usos y costumbres mesoamericanos.
Incluso, desde entonces, se consideró pertinente que estos registros se publicaran en ambas lenguas para que estuvieran disponibles tanto para quienes recibirían la justicia como para quienes la impartían.
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Delitos de imprenta realizados por caudillos revolucionarios, deudas, homicidios contra pobladores originarios y abusos de poder figuran entre los expedientes que forman parte del Archivo Histórico. Por ello, el lema del bicentenario de la instalación del Poder Judicial del Estado de México es Hacer memoria para hacer justicia.
“Los archivos judiciales reflejan los problemas que tenía la sociedad”, explica el magistrado. Sólo así “nos podemos dar cuenta de cuánto hemos evolucionado”.
La Ley General de Archivos regula qué se conserva y qué puede descartarse, explica el magistrado presidente. En ella se establece que solamente especialistas versados en la historia del país pueden examinar estas piezas—y, en su caso, discriminar qué seguirá formando parte de la memoria de México.
La capacitación se lleva a cabo por medio de una licenciatura que imparte el Poder Judicial mexiquense, que garantiza la profesionalización de quienes gestionen estos documentos.
Los historiadores a cargo del acervo describen este fenómeno con base en la teoría del iceberg: los registros que quedan de épocas pasadas atestiguan un complejo sistema de creencias, que legitiman o castigan los actos delictivos en la sociedad. Por esta razón, el caso del uxoricidio en México está considerado como uno de los documentos que deben de preservarse, es la punta del témpano de hielo que, por debajo del mar helado, se sostiene de un tejido social roto, violento y machista.
Con ello, concluye Sodi Cuellar, “nos damos cuenta de que sólo cambian los nombres, pero no las conductas delictivas”.
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